La Justicia rechaza el recurso de AySA
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó un recurso extraordinario presentado por AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento, y mantuvo la medida cautelar que impide su privatización. El tribunal consideró inadmisible el planteo porque las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar esas instancias extraordinarias. El fallo fue firmado de manera unánime por los magistrados.[S1][S2][S3]
La cautelar había sido impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien advirtió un riesgo inminente de que el proceso de reestructuración y privatización derivara en un deterioro del servicio y el abandono de trabajos planificados. La medida ordenaba a AySA abstenerse de todo acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones relacionadas con el agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio. Además, la causa fue trasladada a los juzgados federales de La Plata.[S2][S3]
El avance del proceso privatizador
A pesar de la vigencia de la restricción judicial, la administración del presidente Javier Milei continuó moviendo sus fichas en el tablero privatizador. El Ministerio de Economía llevó a cabo recientemente la apertura de las ofertas técnicas para definir el futuro operativo de la empresa. La disputa por la concesión quedó polarizada entre dos grandes actores del sector privado: el Grupo Roggio y un consorcio encabezado por el empresario Mauricio Filiberti, conocido como el Rey del Cloro. Detrás de esta última propuesta operan camuflados los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes se perfilan como los grandes favoritos del gobierno para asumir el control del servicio de agua y saneamiento.[S1][S2]
El contrato de concesión cuestionado, firmado en mayo de 2026, forma parte del proceso de privatización establecido por la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. Luego, el Decreto 494 habilitó el procedimiento para transferir al sector privado el 90% del capital social de la compañía, actualmente bajo control mayoritario del Estado nacional. El Defensor del Pueblo bonaerense impugnó el nuevo contrato de concesión y sostuvo que sus disposiciones reducían los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios. El planteo alcanza a la prestación de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.[S3]
