Qué resolvió la Cámara
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria creada por la ley 27.609, que fijó los aumentos de haberes desde 2021 hasta mediados de 2024, durante la presidencia de Alberto Fernández. El tribunal dispuso en cambio que se aplique el mecanismo de la ley 27.426, sancionada bajo el gobierno de Mauricio Macri, para recalcular el haber. La resolución se dictó en una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciada por la jubilada Carmen Galletta y revoca un fallo de primera instancia que había rechazado su planteo.[S1][S3]
El fallo lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado. Según sus términos, el haber de la demandante debe recalcularse con el esquema anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive y luego empalmar con la actualización mensual por inflación dispuesta por el decreto 274/2024. La Cámara también declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la ley 24.463 cuando genera una quita igual o superior al 15% y admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que acota el período exigible de retroactivos.[S1][S3]
Por qué se rechazó la fórmula de 2020
En sus fundamentos, Fantini sostuvo que la fórmula aprobada en diciembre de 2020, que ataba los aumentos a la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no incluía cláusulas gatillo ni pisos de garantía frente a una aceleración inflacionaria. Al comparar marzo de 2021 con marzo de 2024, el tribunal constató que la movilidad acumulada llegó al 553,55% mientras el Índice de Precios al Consumidor subió 1.129,07%, lo que representó una pérdida real del poder de compra del 46,83%. Los jueces agregaron que los aumentos posteriores atados al IPC no corrigieron ese deterioro porque se aplicaron sobre una base ya depreciada.[S1][S3]
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Cómo se hará el recálculo
Para recomponer el haber, la Cámara optó por reinstalar la fórmula de la ley 27.426, que combinaba cada trimestre un 70% de la inflación medida por el IPC y un 30% de la variación salarial medida por el RIPTE, por tratarse de una pauta que el Congreso ya había aprobado. Deberán restarse las sumas ya abonadas en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios para evitar duplicaciones. También se aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central.[S1][S3]
El monto final que percibirá la jubilada todavía debe determinarse en la etapa de liquidación, cuando la ANSES calcule las diferencias. El efecto de la sentencia se limita al expediente de la demandante y no implica un aumento automático generalizado, aunque consolida un antecedente de peso para las numerosas causas previsionales en trámite.[S1][S3]







