La Cámara confirmó la cautelar contra AySA
Un tribunal de apelaciones de La Plata confirmó una medida cautelar que impide a AySA modificar las condiciones de prestación de los servicios de agua y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires. La decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo se produjo en medio del proceso de privatización impulsado por el gobierno de Javier Milei.[S1]
El tribunal determinó que la empresa no puede modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente. También resolvió que la causa continúe en la Justicia federal. El fallo fue firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez.[S1]
El reclamo del Defensor del Pueblo y el cronograma oficial
La demanda fue presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión por considerar que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios. El planteo abarca los servicios de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios donde opera AySA en el conurbano y la región metropolitana.[S1]
El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas por el 90% de las acciones de la compañía y estima recaudar unos 450 millones de dólares. El nuevo contrato, firmado en mayo de 2026, forma parte del proceso de privatización establecido por la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización, y el Decreto 494 habilitó la transferencia del 90% del capital social al sector privado.[S1][S2]
Fundamentos del fallo y próximos pasos
Los jueces basaron su decisión en el derecho humano al agua, los principios precautorio y preventivo en materia ambiental y la doctrina 'in dubio pro natura' utilizada por la Corte Suprema. Consideraron que un eventual deterioro de las garantías del servicio podría provocar daños de difícil o imposible reparación posterior, por lo que estimaron necesario mantener vigente la cautelar mientras continúa el litigio.[S1][S2]
La Cámara también confirmó que el expediente deberá tramitar en la Justicia federal, con el argumento de que la discusión requiere interpretar el marco regulatorio nacional y de que AySA tiene el 90% de su capital en manos del Estado nacional. La resolución no anula el proceso de privatización, pero limita la aplicación del nuevo contrato de concesión en los aspectos que puedan reducir las garantías actuales del servicio. El debate de fondo quedará en manos de un juzgado federal que aún debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata.[S1][S2]
