La fiscal pide abrir una causa penal
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió formalmente que se abra una investigación penal para establecer si funcionarios del gobierno de Javier Milei utilizaron recursos públicos argentinos para ayudar a Flávio Bolsonaro a viajar desde Brasil hacia Estados Unidos pasando por la Argentina. El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ya intervenía en las actuaciones preliminares del caso. La decisión representa una nueva etapa procesal en un expediente que hasta ahora se encontraba en una fase preliminar, y todavía no hay funcionarios imputados.[S1][S2]
La pregunta central no es solo cómo logró salir Bolsonaro del país, sino si para hacerlo se dispusieron bienes del Estado. Los investigadores analizan el posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos. También buscan determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si se destinaron recursos estatales para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia.[S1]
Denuncias y delitos imputados
La causa se originó en denuncias del dirigente Gabriel Solano y del diputado nacional Esteban Paulón. La denuncia de Solano apuntó a Milei y a otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. La presentación de Paulón quedó inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas. Por separado, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por las circunstancias en que el brasileño cruzó la frontera.[S1][S2]
Entre las hipótesis planteadas en las denuncias figuran posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La fiscalía también busca establecer si existieron instrucciones políticas para facilitar el operativo o si hubo funcionarios que omitieron deliberadamente los controles que les correspondían.[S1]
Entendé esta noticia a fondo
Las medidas de prueba ya ordenadas
La semana pasada, Capuchetti hizo lugar a un pedido de Ochoa y ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana. Los registros corresponden a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre. La jueza también solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones las constancias de ingreso y egreso del brasileño, los controles sobre los pasajeros y el avión privado utilizado.[S1][S2]
Además se pidieron informes a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si habían recibido alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de autoridades brasileñas sobre la situación judicial de Bolsonaro. En la causa paralela de Misiones, el fiscal federal Fabián Martínez había solicitado informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado, y había pedido preservar imágenes del puente y del aeropuerto. Esa causa fue luego desestimada tras concluir el fiscal que no se había configurado un delito.[S1][S2]
El recorrido por Puerto Iguazú
Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo de Puerto Iguazú. Horas después abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos. El episodio quedó bajo la lupa judicial porque el dirigente brasileño tenía restricciones para salir de su país en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.[S1]
