Cambios clave para los de 14 y 15 años
El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.801, entró en vigencia a las 0 del sábado 5 de septiembre. La ley fue sancionada por el Congreso en febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 fijó un plazo de implementación de 180 días, que se cumplió este sábado. Reemplaza el sistema anterior de las leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde 1980.[S1][S2]
Hasta ahora, los menores de 16 años no podían recibir una condena penal, aunque los jueces podían disponer medidas de protección como internaciones en institutos, supervisión familiar o asistencia médica y psicológica. Ahora, los adolescentes de 14 y 15 años quedan bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil. Pueden ser imputados, procesados y, en ciertos casos, condenados. La ley se aplica a quienes tienen entre 14 y 18 años.[S1][S2]
Reglas de sentencia y alternativas
Para delitos con pena de hasta tres años de prisión, los tribunales no pueden imponer cárcel efectiva. En su lugar, pueden aplicar sanciones alternativas como amonestaciones, programas educativos, trabajos comunitarios, prohibición de contacto con la víctima o monitoreo electrónico. Para delitos con penas de entre tres y diez años, la prisión puede ser reemplazada por medidas alternativas si se cumplen ciertas condiciones, como no tener condenas previas, un dictamen pericial favorable y la conformidad del fiscal y la víctima.[S1][S2]
Para los delitos más graves, los tribunales pueden imponer penas de prisión efectiva. La ley fija un máximo de 15 años para adolescentes y prohíbe expresamente la prisión perpetua, incluso cuando el Código Penal prevea penas mayores para adultos. El régimen también amplía la gama de delitos por los que los jóvenes de 16 y 17 años pueden ser condenados penalmente.[S1][S2]
Impacto en el sistema judicial y preocupaciones
La reforma ha generado preocupación entre funcionarios judiciales que trabajan con menores. Algunos estimaron que el cambio podría provocar hasta un 80% más de causas penales, mientras que la Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses proyecta un incremento de entre 40% y 60% en esa provincia. El nuevo escenario también implica una mayor demanda sobre fiscalías, juzgados, equipos interdisciplinarios y establecimientos especializados.[S1]
Los críticos también sostienen que la reforma por sí sola no resuelve cuestiones de prevención como el acceso a la educación, la contención social y las condiciones familiares de los adolescentes. La ley contempla la creación de institutos especializados y la incorporación de personal capacitado en infancia y adolescencia. También establece programas educativos, laborales y recreativos para favorecer la reinserción social y evitar la reincidencia.[S1]
Estadísticas sobre delitos juveniles
Los datos citados muestran que los delitos contra la propiedad concentran la mayor parte de las investigaciones. En 2025, la Justicia nacional investigó 2.005 hechos, de los cuales el 81% correspondió a delitos contra la propiedad, principalmente robos. Los delitos sexuales también aparecen entre los principales tipos de hechos investigados. En los delitos contra las personas, se investigaron, entre otros, 10 casos de homicidio con menores involucrados.[S1]
En la provincia de Buenos Aires, la Procuración registró en 2025 1.857 procesos penales juveniles, con 1.828 menores imputados. A nivel nacional, la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema registró 1.753 causas penales durante 2025. De ese total, 802 involucraron a menores de hasta 15 años, que hasta ahora permanecían fuera del régimen de imputabilidad penal. Además, 1.193 menores fueron imputados por primera vez y 407 llegaron a ser juzgados por un tribunal de menores.[S1]
