Audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó el 10 y el 11 de noviembre de 2026 como fechas de las audiencias públicas en el caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El calendario quedó formalizado en una orden firmada el martes por el presidente del organismo, el juez Maurice K. Kamga, y difundida por la sede de Hamburgo. El texto indica que las fechas se establecieron tras consultar la opinión de ambas partes y que el procedimiento posterior queda reservado para una decisión ulterior.[S1][S2][S3][S4][S5][S6][S7][S8]
El expediente figura como caso número 37 en la lista del tribunal y se refiere a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental, con Argentina y el Reino Unido como partes. Las sesiones se realizarán en la sala principal y serán abiertas al público, con transmisión en vivo por el sitio web de la institución. Los periodistas acreditados podrán asistir y grabar audio y video sin interrumpir el desarrollo, y las actas textuales se publicarán poco después en la página del caso. El tribunal todavía no informó el horario de inicio de cada jornada.[S2][S3][S5]
Los miembros del cuerpo diplomático y consular y el público que quieran asistir en persona deben inscribirse previamente en la oficina de prensa. Las grabaciones de cada jornada quedarán disponibles en el archivo de transmisiones del tribunal.[S3]
Qué le pide Argentina al tribunal
Buenos Aires presentó su solicitud el 13 de octubre, invocando el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habilita a pedir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. La presentación llegó después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres a fines de septiembre para detener el proyecto Sea Lion. El escrito tiene 49 páginas y fue firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal.[S1][S3][S4][S5]
Argentina pretende que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la extracción de petróleo en la zona, abstenerse de usar en su perjuicio la información obtenida durante la exploración, dejar de obstaculizar el cumplimiento de obligaciones ambientales argentinas conforme a los artículos 192 y 194 de la convención y no otorgar nuevos permisos que puedan agravar la controversia. El Gobierno plantea el pedido como un modo de preservar los derechos soberanos que reivindica sobre la plataforma continental y de evitar daños irreversibles al medio marino.[S2][S3][S4][S5]
El tribunal no resolverá a quién pertenecen las islas. En noviembre su tarea se limita a decidir si corresponde dictar medidas urgentes y a las cuestiones de su propia competencia, incluida la existencia de jurisdicción prima facie y el cumplimiento de los criterios de urgencia y proporcionalidad. Las medidas que conceda obligarían a ambas partes; una vez constituido, el tribunal arbitral del Anexo VII podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.[S1][S5][S6]
Sea Lion, Navitas y la disputa de fondo
El reclamo argentino apunta a Sea Lion, un desarrollo al norte de las islas operado por la israelí Navitas Petroleum, titular del 65 por ciento, junto con la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35 por ciento. Las empresas prevén perforar durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. Argentina sostiene que la explotación unilateral podría causar daños irreversibles y profundizar la controversia de soberanía, mientras Londres afirma que la actividad comercial en las islas es legal y que las licencias siguen vigentes.[S1][S2][S4]
El Reino Unido anunció que participará del procedimiento. Según Reuters, la subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, argumentó que la presentación argentina no invalida las licencias ni obliga a detener las operaciones. Londres rechazó las medidas solicitadas el 11 de octubre en una nota que el escrito argentino describe como una mera repetición de argumentos ya planteados.[S2][S5]
El tribunal fue creado en 1982 por la convención del derecho del mar, tiene sede en Hamburgo y cuenta con 21 jueces; su actual vicepresidenta es argentina, y el Reino Unido, que no tiene juez en el cuerpo, puede pedir uno ad hoc. Argentina ya había recurrido al organismo en 2012, cuando pidió medidas cautelares para liberar al buque escuela Fragata Libertad, retenido en Ghana a pedido de un fondo buitre. El caso actual es muy distinto, pero aquel episodio mostró cómo el tribunal pudo sacar a la nave del entramado de legislaciones internas que Ghana le había aplicado.[S1]
