Un teléfono que salió de la custodia judicial
La policía española detuvo en julio a James Chambers, ciudadano estadounidense y destacado donante de causas izquierdistas y humanitarias, que permanece recluido en Madrid. Según su abogado, Aitor Martínez, las autoridades estadounidenses se hicieron con su teléfono móvil en algún momento posterior a esa detención sin informar a Chambers ni a sus representantes legales. La defensa supo el martes que el dispositivo ya no estaba en poder del tribunal nacional de Madrid y que había pasado al FBI.[S1]
Martínez sostuvo que la entrega contradecía las garantías escritas que el tribunal había dado a la defensa de que el teléfono seguiría bajo custodia judicial hasta que se resolviera la solicitud de extradición. Argumentó que tanto la ley española como el tratado bilateral de extradición exigen ese resultado. La defensa presentó ahora una petición ante un tribunal de apelaciones para que ordene la devolución inmediata del teléfono, exija un relato completo de quién lo manipuló y cuándo, y confirme si funcionarios estadounidenses examinaron su contenido.[S1]
Recuperar el dispositivo probablemente requeriría la intervención del despacho de Félix Bolaños, ministro de Justicia de España, dijo Martínez. Calificó la situación como inédita en su experiencia en procedimientos de extradición y sostuvo que las autoridades judiciales españolas no pueden ceder el control de los efectos personales de una persona reclamada solo porque un gobierno extranjero los solicite.[S1]
Cargos, asilo y un tratado de 1970
La solicitud de extradición estadounidense es el primer intento conocido de extraditar a un ciudadano estadounidense por presunto respaldo a Hamás, y se basa en el dinero que Chambers destinó a causas palestinas, incluido el Proyecto Sameer en Gaza. También cita cargos vinculados a una protesta contra Elbit Systems, fabricante israelí de armamento. Chambers sostiene, a través de sus abogados y de su pareja, la actriz y activista Stella Schnabel, que la persecución tiene motivación política, y ha solicitado asilo político desde prisión.[S1]
Según la ley española, un solicitante de asilo no puede ser entregado antes de que concluya ese proceso, y Martínez afirmó que el tribunal debe proteger a Chambers y abstenerse de compartir información sobre él con el país que, según él, lo persigue. Un juez rechazó este mes una petición de libertad provisional, en parte porque consideró que la riqueza de Chambers lo convertía en riesgo de fuga. Los tribunales españoles podrían tardar meses en decidir la extradición, y Martínez señaló que un tratado de 1970 permite entregar los bienes de una persona reclamada al país solicitante solo si se concede la extradición.[S1]
Riqueza, donaciones y polémica pública
Chambers se describe como comunista y antiimperialista, y es heredero de la familia Cox, propietaria de Cox Communications, con sede en Atlanta. En un acuerdo alcanzado cuando su familia rompió vínculos con él, vendió acciones a sus parientes por unos 250 millones de dólares a mediados de 2023. Schnabel afirma que desde entonces ha financiado unos 100 proyectos en 20 países. Sus opiniones y donaciones han recibido amplia cobertura en medios estadounidenses, y sus declaraciones sobre Israel y Gaza han generado controversia.[S1]
Schnabel contó que el mes pasado recogió las pertenencias personales de Chambers, incluidas llaves y documentos de identidad, en la prisión donde está recluido. No está claro si para entonces España ya había entregado su teléfono a Estados Unidos; Martínez dijo que un juez le aseguró el 20 de julio que el tribunal aún tenía el dispositivo. Schnabel dijo que el episodio no la sorprendió y lo describió como coherente con una administración que, a su juicio, desconoce las reglas del sistema legal.[S1][S2]
