Anuncio de un nuevo organismo de coordinación
El Gobierno argentino anunció la creación de un Sistema de Articulación de Política Exterior, una nueva herramienta dentro de la Cancillería destinada a coordinar y asesorar sobre actividades estatales que puedan perjudicar los intereses internacionales del país. La medida fue comunicada a través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X. Según el Gobierno, el sistema ayudará a garantizar que todas las acciones vinculadas a las relaciones internacionales de Argentina sean coherentes, compatibles y uniformes con los lineamientos del Estado respecto de las Islas Malvinas. La administración de Javier Milei sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía requiere una estrategia sostenida y coordinada entre diferentes áreas del Estado.[S1][S2]
La Casa Rosada argumentó que el trabajo conjunto es fundamental para sostener una postura firme y coherente en el tiempo y para fortalecer los reclamos de Argentina ante la comunidad internacional. También afirmó que la iniciativa busca adoptar las medidas necesarias para defender los legítimos derechos e intereses nacionales, y ratificó lo que definió como un compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados. El comunicado concluyó que el Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender la soberanía. Este enfoque se suma a la senda inaugurada durante una cadena nacional emitida por Milei junto a su Gabinete.[S1][S2]
Medidas recientes y acciones legales
La creación del nuevo sistema se suma a la reasignación del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa, con recursos destinados principalmente al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El Gobierno también dispuso que los organismos públicos informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos legales vinculados a actividades en la región para que puedan evaluarse sanciones. Otra de las medidas anunciadas fue la incorporación de declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir beneficios a compañías que desarrollen actividades en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.[S2]
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. Las actuaciones también alcanzan a unas 60 personas físicas y jurídicas vinculadas a esas actividades. Asimismo, la agenda oficial incluye el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en las islas sin autorización argentina y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a actuar frente a amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.[S2]
