Una nueva etapa de la causa ANDIS
El juez federal Ariel Lijo dictó una nueva resolución en la investigación sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina. La decisión profundiza la pesquisa sobre una presunta organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de 7.833 millones de pesos entre medicamentos e insumos médicos.[S1]
Lijo, a cargo de forma interina del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban procesadas. La medida abarca presuntas maniobras de corrupción en el organismo, en particular en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos realizadas mediante el Programa Incluir Salud.[S1]
La resolución amplió los procesamientos de Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete en su condición de jefes de la asociación ilícita investigada, así como los de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa organización. Los cinco habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión luego confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.[S1]
Otro informe identifica a Spagnuolo como el ex titular del organismo y a Garbellini como su segundo, y también menciona a Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette entre los acusados junto a un importante grupo de empresarios. Describe las acusaciones como parte de un esquema de corrupción en una segunda etapa de la investigación que incluyó compras direccionadas de insumos ortopédicos, sobreprecios y sobornos. El caso está delegado en el fiscal Franco Picardi, quien sigue adelante con la nueva etapa de la pesquisa.[S2]
Los cargos y el esquema investigado
La nueva resolución extiende la atribución a las maniobras vinculadas con las contrataciones del rubro insumos como parte de la misma estructura delictiva investigada. En ese contexto, a los acusados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.[S1]
En algunos casos el tribunal también dio por probados hechos constitutivos del delito de lavado de activos agravado, relacionados con la presunta canalización y circulación de fondos provenientes de las maniobras investigadas. Además, la resolución dispuso el procesamiento de empresarios y personas vinculadas con distintas firmas proveedoras del organismo.[S1]
Al valorar la maniobra investigada en conjunto, la resolución afirma que el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera del organismo. Describe una estructura integrada por funcionarios de la agencia, principalmente Spagnuolo y Garbellini junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas, operadores externos como Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos.[S1]
Sobre el funcionamiento del esquema, el pronunciamiento señala que la operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas. Según la resolución, ese mecanismo habría generado beneficios económicos.[S1]
Quiénes fueron procesados y qué se examinó
Entre los nuevos procesados se encuentran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.[S1]
También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.[S1]
La decisión también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, en particular en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos. En otro tramo de la investigación, el tribunal procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de la pesquisa sobre circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. Lautaro Valentín Brítez también fue procesado como miembro de la asociación ilícita, mientras que el tribunal dictó la falta de mérito de 11 personas que habían sido indagadas y cuyas causas requieren más investigación.[S1]
La investigación examinó procedimientos de adquisición correspondientes a seis segmentos del rubro insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en determinadas operaciones de insumos. Esas diferencias se suman a los 5.984.594.394,24 pesos previamente identificados en el rubro medicamentos, lo que arroja una cuantificación económica conjunta de 7.833.872.357,24 pesos. Se trata de una estimación provisoria y parcial, construida a partir de las operaciones que pudieron ser comparadas con valores de referencia.[S1]
