El juez Gilliam suspende el cobro de 100.000 dólares para la H-1B
Un juez federal en California suspendió este miércoles la política del Gobierno de Trump que exigía a los empleadores pagar 100.000 dólares por cada nueva petición de visa H-1B. El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, dictaminó que las agencias migratorias implementaron el cobro sin cumplir con los procedimientos que exige la ley. El magistrado concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que impugnaron la legalidad del cargo, proclamado por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025.[S1]
La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las cuales el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago. También prohíbe a las agencias y a quienes actúen bajo su dirección seguir aplicándolas hasta que completen un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. El magistrado concluyó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera arbitraria y caprichosa al no estudiar alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de imponer el nuevo requisito.[S2]
El juez también determinó que el Gobierno incumplió la obligación de someter estas políticas a un proceso de participación pública, dado que sin esas normas de las agencias el cobro de 100.000 dólares no podía aplicarse. La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, estableció el pago adicional de 100.000 dólares para las nuevas peticiones H-1B y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027. El Gobierno justificó entonces la medida como una respuesta al supuesto abuso sistémico del programa de visas para trabajadores extranjeros especializados.[S2]
El caso enfrenta así decisiones judiciales contrapuestas: mientras un tribunal federal de Washington confirmó en 2025 la autoridad del presidente para imponer el cobro, tribunales federales de Massachusetts y ahora California han dejado sin efecto las políticas utilizadas para aplicarlo.[S2]
