Los jueces aceptan el caso de asilo
El Tribunal Supremo de EE. UU. anunció el viernes que examinará la prohibición de asilo de Donald Trump en la frontera con México, uno de los elementos centrales de la amplia ofensiva migratoria del presidente republicano. El Gobierno pide a los jueces que dejen sin efecto los fallos de tribunales inferiores que concluyeron que la orden ejecutiva que bloquea las solicitudes de asilo es ilegal. La prohibición ha seguido vigente mientras avanzaba la batalla judicial.[S1][S2][S3][S4][S5][S6][S7]
La disputa llega al tribunal como parte de un conjunto más amplio de restricciones migratorias que Trump implantó al regresar al poder en 2025. La medida sobre el asilo ha sido una de las más contestadas, con impugnaciones rápidas de defensores de los inmigrantes, y ha permanecido activa durante todo el litigio que ahora llega a la máxima instancia del país.[S1]
Un choque sobre quién decide
La ley federal concede a las personas el derecho a pedir asilo cuando temen ser perseguidas en su país, sin importar cómo hayan entrado en Estados Unidos. Ese mismo cuerpo legal deja además en manos del poder ejecutivo la decisión de conceder o no el asilo. El Gobierno sostiene que puede negarlo de forma general a los migrantes incluidos en la orden y que no debería verse obligado a aceptar solicitudes condenadas de antemano al rechazo.[S1]
Los abogados del Gobierno han aludido a trámites que se prolongan durante años y han argumentado que esas demoras contribuyeron antes a atraer migrantes a la frontera sur, ya que muchos entraban al país mientras esperaban una decisión. Letrados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes rechazan esa versión y señalan que los cruces fronterizos ya estaban bajando antes de que Trump asumiera el cargo.[S1]
Los demandantes describen la orden como un intento de desmantelar, mediante una acción unilateral, salvaguardas legales pensadas para quienes huyen del peligro en sus países. Aunque el poder ejecutivo decide si concede el asilo, que permite vivir y trabajar legalmente en EE. UU., esas decisiones deben adoptarse caso por caso, y la ley no faculta a un presidente para impedir que la gente solicite protección, afirman los abogados.[S1]







