Procesamiento y prisión preventiva
El juez federal Julián Ercolini procesó a cuatro internos alojados en cárceles de Jujuy y les dictó prisión preventiva, según la resolución. Los imputados son Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos. El magistrado los consideró coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad, con el cargo de asociación ilícita en concurso real con los demás.[S1][S2]
La investigación sitúa las operaciones del grupo en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Según el expediente, la red estuvo activa al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025. El fallo describe a los reclusos como miembros prima facie de la organización.[S1][S2]
Cómo habría funcionado la maniobra
Según la pesquisa, los internos usaban varias líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de detenidos y de sus familiares. Mantenían los celulares ocultos en las celdas y empleaban perfiles de WhatsApp con la fotografía del titular de la Corte, imágenes del edificio de Tribunales o el nombre del máximo tribunal. Haciéndose pasar por Rosatti, contactaban dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad para pedir listados y datos personales o administrativos de personas privadas de libertad.[S1][S2]
Esa información se usaba luego para contactar a familiares y allegados y exigirles dinero a cambio de una supuesta libertad, fianza, caución o trámite judicial. El expediente también registra otra modalidad: el grupo simulaba representar a empresas privadas que otorgaban premios como dinero, vehículos o electrodomésticos, y luego pedía transferencias por supuestos gastos de trámite. Los imputados llamaban a esas actividades trabajo.[S1][S2]
Un episodio atribuido involucra a Claudio Ariel Sarmiento, quien habría transferido 450.000 pesos al alias poderjudicial.mp tras recibir llamados que le decían que debía pagar una fianza para lograr la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El fallo de Ercolini sostiene que el uso del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti revelaba pleno conocimiento de que se atribuían una autoridad que no poseían.[S1][S2]
Origen de la causa y allanamientos en la cárcel
La causa se inició el 25 de noviembre de 2024, tras una llamada al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. Un hombre se identificó como el jefe de la Corte Suprema y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con el argumento de un relevamiento de derechos humanos. El rastreo ubicó la llamada en la zona del penal jujeño, y la pesquisa avanzó con escuchas, cruces de líneas, informes de empresas telefónicas, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento.[S1][S2]
En los operativos de diciembre de 2024 se secuestraron celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras. El fallo señala que la actividad delictiva ni siquiera disminuyó después de esos procedimientos, incluido el secuestro del teléfono usado en la primera comunicación que dio origen al expediente.[S1][S2]
