Gobierno aprueba amplios decretos de vivienda
El gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista Obrero Español ha aprobado dos decretos destinados a aliviar la crisis de vivienda del país. El decreto principal extiende las restricciones a los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, regula los alquileres temporales y por habitaciones, prohíbe que los llamados fondos buitre compren propiedades hasta 2028 y añade una extensión de dos años a los contratos de alquiler que vencen a finales de 2028. Un acuerdo separado aborda la renovación automática de los contratos de alquiler. Las medidas llegan tras la indignación generalizada por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer discapacitada de 87 años, de su apartamento en Madrid la semana pasada.[S1][S2][S3]
Los decretos fueron aprobados por el gabinete el martes y entran en vigor inmediatamente, pero deben ser ratificados por el Congreso en un plazo de 30 días. El gobierno ha solicitado una sesión parlamentaria especial el viernes para acelerar la votación. Sin embargo, la coalición minoritaria, compuesta por los socialistas y el socio junior Sumar, carece de mayoría y anteriormente ha tenido dificultades para asegurar apoyo a las reformas de vivienda. Se cree que el primer decreto cuenta con el respaldo de partidos conservadores catalanes y vascos, pero es probable que se opongan al segundo decreto, que contiene las renovaciones automáticas de contratos.[S1][S2][S3]
Protestas y reacciones políticas
Cientos de personas permanecen acampadas en una plaza céntrica de Madrid para protestar por la retirada de Abascal en camilla el miércoles pasado. Los manifestantes exigen una congelación de alquileres y renovaciones automáticas de contratos sin aumentos abusivos. La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró la decisión del gabinete, afirmando que era algo impensable hace un mes y que es hora de intervenir en el mercado especulativo de vivienda. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, describió las medidas como un primer paso hacia la transformación económica y social. El Sindicato de Inquilinas, que ha liderado las protestas, dijo que necesitaba revisar los detalles pero se opuso a dividir el tema en dos decretos, y su portavoz, Alicia Del Río, lo calificó como una táctica de desgarrar algo en jirones.[S1][S2][S3]
Junts, el partido independentista catalán cuyo apoyo es crucial para que los decretos se aprueben, dijo que aún estaba lejos de un acuerdo y exigió protecciones para los pequeños propietarios. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, argumentó que poseer dos propiedades no es lo mismo que poseer edificios enteros, y que el gobierno no está haciendo esa distinción. Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular, desestimó las propuestas, diciendo que el gobierno creó un problema que no existía cuando asumió el cargo y que un problema creado durante ocho años no se puede resolver en cinco minutos. El gobierno tiene 30 días desde la publicación de los decretos para alcanzar un consenso con aliados en el Congreso.[S1][S2][S3]
El regreso de Abascal y las luchas más amplias por la vivienda
Urbagestión, la empresa que desalojó a Abascal, ha ofrecido permitirle regresar a su apartamento con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. El martes, ella aceptó la oferta y pagará 533 euros al mes, menos de un tercio de los 1.650 euros originales que llevaron a su desalojo. Su abogada, Beatriz Duro, dijo que Abascal nunca debería haber sido obligada a irse y expresó su esperanza de que el caso impulse una respuesta colectiva a la crisis de vivienda. Mientras tanto, la exalcaldesa de Barcelona y activista por la vivienda Ada Colau reveló que tuvo que mudarse de su apartamento alquilado después de 15 años porque ya no podía pagarlo con un solo ingreso tras separarse de su marido. Colau, que renunció a la mayor parte de su salario de alcaldesa durante sus ocho años en el cargo, señaló que el mercado está orientado a ingresos dobles y que se ha mudado con un familiar.[S1][S2]
