Una socia de la coalición dice que no fue informada
Patricia Bullrich aseguró que no estaba al tanto de los cambios en discapacidad que el gobierno de Javier Milei incorporó al proyecto de Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo. En declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza dijo que el tema no salió a la luz en esas reuniones y que el presupuesto llegó con las modificaciones ya introducidas, sin aviso previo a los socios de la coalición. Enfatizó que no mentía al decir que no se habían enterado.[S1][S2][S3]
Bullrich describió el costo político de esa falta de información. Cuando los jefes de bancada llegan al Congreso sin conocer el contenido de un proyecto, sostuvo, quedan expuestos ante sus propios legisladores y ante la oposición, y pueden parecer tontos o como si hubieran engañado a sus colegas. Dijo que eso resiente las relaciones y que la coalición debería corregir esos problemas. También señaló que la situación de la discapacidad ya se discutía en Diputados, donde el oficialismo y la oposición habían alcanzado un acuerdo político para tratarla de determinada manera, entendimiento que ahora queda en cuestión.[S1][S2][S3]
Como el Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, Bullrich afirmó que su cámara debe esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura, y calificó la discusión como bastante peliaguda. El proyecto de presupuesto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre, con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Los legisladores opositores reaccionaron de inmediato: el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios de ilegales e inconstitucionales y dijo que el proyecto busca desmantelar la ley de emergencia en discapacidad, mientras el diputado Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron después de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia sobre la emergencia sin revelar su contenido real.[S1][S2][S3]
Qué reescribe el presupuesto
El Capítulo VI del proyecto, artículos 36 a 41, modifica de forma permanente pilares centrales del sistema de atención a personas con discapacidad. Deroga varios artículos de la ley de emergencia en discapacidad, la 27.793, y cambia en profundidad la ley 24.901, que desde 1997 sostiene las prestaciones básicas de atención integral. El artículo 36 reemplaza la pensión no contributiva por discapacidad para protección social por una pensión no contributiva por invalidez laboral equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, y el artículo 37 vuelve ese beneficio incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, también con el monotributo. Así se elimina la opción vigente de conservar la pensión con un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos.[S1][S3]
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 establece que ya no incluirá valores universales, con lo que desaparecen los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, calificó en Radio Con Vos la desregulación del nomenclador único como letal. El Certificado Único de Discapacidad tampoco funcionaría ya como garantía directa de acceso a las prestaciones.[S1][S3]
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que la reforma elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Desde su cuenta de X sostuvo que el proyecto reemplaza el criterio de arancel único para todo el sistema por un esquema fragmentado, discrecional e incierto. La actualización de los valores de las prestaciones también dejaría de ser automática y mensual: el Gobierno fijaría los montos cada tres meses según su propio criterio y solo recurriría al Índice de Precios al Consumidor del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma, además de eliminarse el estudio anual de costos de cada prestación.[S1]
