Un juez y exministro al frente
Robert McClelland, que fue el máximo responsable jurídico de Australia durante el gobierno de Rudd entre 2007 y 2011, ha sido propuesto como nuevo comisionado de la Comisión Nacional Anticorrupción. Tras dejar el parlamento en 2013, fue designado en 2015 para el tribunal federal de circuito y de familia por el anterior gobierno de coalición y ocupa su vicepresidencia desde 2018. Christopher Savundra, actual director ejecutivo de cumplimiento y aplicación de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ha sido nombrado comisionado adjunto.[S1][S2][S3][S4][S5]
Los nombramientos fueron anunciados por la fiscal general Michelle Rowland, quien afirmó que McClelland surgió de un proceso de selección abierto, competitivo y basado en méritos. Calificó la experiencia de ambos como un activo para la comisión y expresó confianza en su capacidad para respaldar su labor de integridad en todo el sector público de la Commonwealth. El panel de selección incluyó a la secretaria del Departamento del Fiscal General, Katherine Jones, al exjuez del tribunal federal Raymond Finkelstein y a la titular de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, Gina Cass-Gottlieb.[S1]
Ambos candidatos recibieron el respaldo unánime de la comisión parlamentaria conjunta sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, como exige la legislación que rige el organismo. Sus mandatos de cinco años deben comenzar el 11 de enero del próximo año, a reserva de la aprobación de la gobernadora general, Sam Mostyn.[S1]
Por qué se renueva el organismo
Paul Brereton, nombrado primer comisionado del organismo en 2023, renunció en mayo alegando que las críticas a su desempeño desviaban la atención del propósito de la entidad. Había sido cuestionado por seguir haciendo trabajos de consultoría para su anterior empleador, el inspector general de las fuerzas de defensa australianas, mientras ejercía como comisionado. Esa labor se relacionaba con su anterior dirección de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra de tropas australianas en Afganistán y generó preocupaciones por conflictos de interés.[S1]
La comisión también recibió fuertes críticas tras una decisión inicial en 2024 de no investigar a seis personas remitidas por la comisión real sobre el robodebt, postura que revirtió al año siguiente. El inspector del NACC recibió más de 1.000 quejas sobre esa primera decisión y concluyó que estuvo afectada por un sesgo aprehendido, tras determinar que Brereton no se había apartado del proceso pese a declarar un conflicto de interés percibido con una de las seis personas. El informe señaló que no se halló intencionalidad ni otra irregularidad. Un informe posterior concluyó que dos de los funcionarios remitidos habían incurrido en conducta gravemente corrupta.[S1]
La diputada independiente Helen Haines, que contribuyó a diseñar la comisión y es vicepresidenta de su comité parlamentario de supervisión, afirmó que la renovación era necesaria y oportuna. Describió los nombramientos propuestos como una oportunidad para reconstruir la confianza pública y garantizar que el organismo pueda actuar con independencia, credibilidad e integridad. También agradeció a la comisionada en funciones, Kylie Kilgour, y a los comisionados adjuntos en funciones Jamie Lowe y Penny Shakespeare.[S1]
