El fallo y su efecto inmediato
El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó una sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la parte del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La decisión ordena al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar la aplicación inmediata de la Ley 27.795. El tribunal actuó sobre un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, además de una demanda separada de la Universidad de Buenos Aires. El fallo invalida la frase que ataba la ejecución de la ley al artículo 5 de la Ley 24.629, que exige que toda ley de gastos especifique su fuente de financiamiento o quede suspendida hasta que se incluyan las partidas.[S1][S2][S3][S4][S5][S6][S7][S8]
En sus fundamentos, Cormick describió el accionar del Gobierno como un mecanismo extraconstitucional que bloqueaba una ley ratificada por el Congreso. Señaló que el artículo 9 de la Ley 27.795 ya brindaba criterios y recursos para que el Ejecutivo reasignara partidas, y citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculó el costo de la ley para 2025 en solo el 0,23% del PBI. El juez también destacó que en los primeros dos años de la presidencia de Milei, sin presupuesto aprobado y con prórrogas sucesivas del presupuesto 2023, el jefe de Gabinete reasignó fondos en seis oportunidades con otros fines, lo que mostraba que el mecanismo estaba disponible también para las universidades.[S1][S3][S5][S6]
Cómo se desarrolló el conflicto
La disputa comenzó en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley 27.795, conocida como Ley de Financiamiento Universitario, que fija pautas presupuestarias para el programa de educación superior, ordena actualizaciones salariales atadas al índice de precios al consumidor y suma montos no remunerativos a los básicos. El presidente Javier Milei la vetó mediante el decreto 647/2025, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el veto en octubre con más de dos tercios de los votos, como exige el artículo 83 de la Constitución. Ante la imposibilidad de vetar de nuevo, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, e insertó una cláusula que suspendía su aplicación hasta que el Congreso asignara partidas específicas.[S1][S2][S3][S4][S5]
Cormick consideró que, tras la insistencia del Congreso con mayorías agravadas, el único camino constitucional era la promulgación sin restricciones. Sostuvo que suspender una ley por entender que no se precisaron con exactitud las fuentes de financiamiento, cuando un artículo de la propia ley daba pautas sobre la cuestión, resultaba irrazonable. El fallo también señaló que el decreto contradecía el artículo 75, inciso 8, de la Constitución, que otorga al Congreso la competencia para determinar el presupuesto y diseñar el gasto público. El juez concluyó que el decreto 759/2025 no superaba un test mínimo de razonabilidad porque permitía suspender una ley que el Congreso había insistido con las mayorías requeridas.[S1][S5][S6]
Presión universitaria y próximos pasos
El fallo se suma a decisiones previas de Cormick que exigían el cumplimiento de una cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles, que abarca los artículos 5 y 6 de la ley. El 30 de septiembre, el juez volvió a dar al Gobierno cinco días para cumplir bajo apercibimiento de sanciones económicas. La Sala III de la Cámara confirmó esa medida el 31 de marzo de 2026 y la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario el 25 de junio de 2026, con lo que la cautelar quedó firme. Con esta sentencia definitiva, el juez avanzó sobre el fondo y declaró inconstitucional el aspecto cuestionado del decreto 759/2025.[S3][S6]
Los gremios y asociaciones universitarias vienen reclamando una recomposición salarial y la actualización del presupuesto, y el 15 de octubre está prevista la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina. La movilización reclamará el cumplimiento de la ley, mejoras salariales para docentes y no docentes y más recursos para las universidades, en paralelo al debate por el Presupuesto 2027. El Gobierno aún no anunció si apelará el fallo de primera instancia.[S2]
