Una testigo con vínculo político directo con el acusado
Esperanza Aguirre, dirigente histórica del Partido Popular y expresidenta de la Comunidad de Madrid, está citada a declarar como testigo este jueves en el juicio del caso Lezo. La causa afecta a su sucesor en el cargo, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con un campo de golf del ente público.[S1][S2][S3][S4][S5]
El caso tuvo consecuencias políticas en 2017, cuando Aguirre dejó su puesto de portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la detención de González. Este había sido su número dos durante los años en que ella estuvo al frente del gobierno regional, entre 2003 y 2012.[S1]
Quiénes más se sientan en el banquillo
Junto a González, en el juicio de esta pieza del caso Lezo están acusados Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, y los socios de TCT, la empresa que recibió las adjudicaciones presuntamente fraudulentas: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado del expresidente regional.[S1]
En la primera jornada del juicio, el pasado martes, dedicada a las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos que se les imputan. La Fiscalía Anticorrupción pide para todos ellos seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, además de una multa de 550.000 euros.[S1]
Cómo se adjudicaron los contratos
Según las conclusiones provisionales del fiscal, los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, entonces dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público diversas instalaciones del canal. Para ello se convocó un concurso para ejecutar el proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal.[S1]
En junio de 2004, la dirección del canal, ejercida por Ildefonso de Miguel y por González como vicepresidente regional, habría impulsado y facilitado la tramitación de un modificado de ese concurso con el fin de beneficiar a familiares de este último, aunque las variaciones sustanciales obligaban a convocar una nueva licitación. El fiscal sostiene que acordaron con Dragados que el canal le adjudicaría directamente el contrato modificado, con la condición de que subcontratara determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente y el hermano y el cuñado de González.[S1]
Entendé esta noticia a fondo
Los familiares ocultaron su titularidad mediante personas interpuestas para esconder sus vínculos familiares con el expresidente regional. La aprobación y adjudicación directa del modificado a Dragados se produjo en la sesión del Consejo de Administración del canal del 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y de Miguel. El fiscal argumenta que la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, una empresa sin capacidad técnica para ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente de ambas adjudicaciones, con un lucro de al menos 504.780 euros financiado con fondos públicos asignados a esas contrataciones.[S1]
Las obras del golf y las supuestas comisiones
El 15 de junio de 2006, antes de que el modificado se adjudicara formalmente, Dragados subcontrató a TCT determinados trabajos alegando que su oferta había sido la más ventajosa en un concurso. El fiscal señala que los socios de TCT habían pactado reservadamente con los responsables de Dragados elevar un 47% el importe a cobrar. Ese día Dragados firmó con TCT un contrato de 160.204,79 euros para ejecutar un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf.[S1]
El objeto se amplió después con cuatro anexos fechados el 10 de agosto, el 15 y el 24 de noviembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007, por importes respectivos de 2.292.232,82, 298.830,24, 286.270,58 y 30.326,40 euros. El importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió así a 3.067.864,83 euros. El fiscal indica que TCT se constituyó en mayo de 2003 como firma de ingeniería y solo en 2008 incorporó proyectos deportivos, pero carecía de toda capacidad para ejecutar los trabajos del modificado.[S1]
Como los acusados no podían realizar esas obras deportivas, las subcontrataron a su vez con Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, con las que acordaron percibir una comisión del 8% por su intermediación. Fieldturf emitió tres facturas a TCT por 270.204 euros y Onlygolf emitió once facturas por 2.605.805 euros, mientras TCT emitió trece facturas a Dragados por 3.257.039 euros, de forma sucesiva y correlativa a las catorce facturas de Onlygolf y Fieldturf a TCT por 2.876.010,16 euros, con un beneficio de 381.029 euros por su innecesaria e impuesta intermediación.[S1]
El fiscal afirma que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un escenario de precrisis económica, los acusados se repartieron parte de los beneficios conforme a un plan perfectamente documentado. El hermano de Ignacio González, oculto bajo las siglas PG, habría recibido 101.348 euros.[S1]
