Condena y sentencia
Abdala Bucaram, quien fue presidente de Ecuador, fue declarado culpable el miércoles de corrupción y sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por actuar como colaborador en crimen organizado. Su hijo, Jacob Bucaram, también recibió una sentencia por la venta ilegal de al menos 21.000 pruebas COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia de 2020. El juicio, que se extendió por seis años, continuó después de que la Fiscalía General apelara una decisión de 2021 que había desestimado los cargos contra ambos.[S1]
Bucaram, de 74 años, conoció el veredicto de forma remota desde una clínica custodiada en Guayaquil donde recibía tratamiento médico. Debido a su edad, la ley ecuatoriana podría permitirle cumplir la sentencia bajo arresto domiciliario. Fue arrestado inicialmente en 2020 tras un allanamiento en su domicilio en Guayaquil y se le colocó bajo arresto domiciliario porque problemas de salud impedían su encarcelamiento en ese momento. El expresidente ha sido sometido a cirugía cardíaca y fue ingresado en cuidados intensivos.[S1]
Detalles del esquema de corrupción
Los investigadores encontraron que las pruebas COVID-19 fueron transferidas ilegalmente a la residencia de Bucaram, que estaba custodiada por agentes de tránsito de Quito. Según la Fiscalía General, las pruebas y los insumos médicos se vendieron en varias provincias sin facturas y sin pagar impuestos al Estado. Bucaram publicó en X que había solicitado el alta de la clínica a pesar de estar en riesgo de muerte súbita, y afirmó que podría defenderse y que el país conocería cosas horribles sobre este proceso.[S1]
Bucaram fue destituido de su cargo en 1997 después de ser declarado mentalmente incapacitado para gobernar. Luego vivió en exilio en Panamá durante casi dos décadas antes de regresar a Ecuador en 2017. Esta última condena se suma a un legado político turbulento.[S1]
