Un triunfo ajustado y un capítulo de tierras casi unánime
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Dentro de la misma iniciativa, el capítulo que restituye la Ley 26.737, sancionada en 2011, reunió un respaldo casi unánime: 239 legisladores lo apoyaron, cuatro lo rechazaron y seis se abstuvieron. La marcha atrás del Gobierno sobre la extranjerización de la tierra quedó expuesta en la votación.[S1][S3][S5][S7]
Como la Cámara baja alteró el texto que el Senado ya había aprobado, la iniciativa debe regresar a la Cámara alta para su revisión y aprobación definitiva. El proyecto permanecía sin avances desde agosto antes de que se incorporara el capítulo de tierras.[S1][S2][S4][S6]
Quiénes votaron en contra y quiénes se abstuvieron
Dos diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes votaron contra la restitución de la Ley de Tierras. Las diputadas de izquierda Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Marcela Pagano se abstuvieron. El oficialismo consiguió un magro respaldo para la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger.[S1]
Algunos diputados advirtieron que, si las seis abstenciones —cinco de legisladores cordobeses y una de Álvaro González, alineado con Horacio Rodríguez Larreta— se hubieran convertido en votos negativos, el Gobierno podría haber sufrido una derrota.[S1]
Cómo cambió el debate tras dos fallos de la Corte Suprema
Los bloques opositores repasaron el derrotero reciente de la norma: el intento de derogarla mediante el DNU 70/23, su posterior suspensión judicial y la insistencia del Gobierno en eliminar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros a través del proyecto original de Sturzenegger. Una masiva movilización popular obligó luego a Patricia Bullrich a retirar ese capítulo durante el tratamiento en el Senado.[S1]
La discusión volvió a cambiar de rumbo cuando la Corte Suprema emitió dos fallos en la misma semana con decisiones contrapuestas sobre la vigencia de la Ley de Tierras. El primero, que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, impulsó a la oposición a buscar el rechazo del megadecreto. En ese contexto, el oficialismo incorporó la restitución de la norma al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.[S1]
Entendé esta noticia a fondo
Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó la medida como un regreso a la ley del peronismo, en referencia a una norma sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Paula Penacca apuntó contra el cambio de postura de La Libertad Avanza y sostuvo que el bloque votaría ahora una ley que Javier Milei quiso desarmar dos veces. Santiago Santurio, miembro informante del dictamen, no hizo ninguna mención al capítulo de tierras durante su exposición.[S1]
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló que el proyecto original pretendía llevarse puesta la ley de tierras, la ley de integración socio urbana de los barrios populares y la ley de manejo del fuego, y sostuvo que quedó bastante poco de la propuesta original de Sturzenegger.[S1]
Desalojos exprés y reglas más estrictas para las expropiaciones
Entre los puntos que sobrevivieron a los cambios se encuentran los desalojos exprés y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El texto busca reforzar las garantías de los propietarios y restringir las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar sobre un bien privado.[S1]
En materia de expropiaciones, establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública y exige que el Estado justifique que la medida es necesaria, proporcional y la única herramienta adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. El inmueble no podrá ser tomado hasta que se haya pagado la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse.[S1]
En cuanto a los desalojos, el proyecto apunta a acelerar los procedimientos para que los propietarios recuperen sus inmuebles. Un juez podrá ordenar la restitución antes de que finalice el juicio en casos de ocupación ilegítima y, a pedido del propietario, podrá intimar la devolución en un plazo de 72 horas si se acredita documentalmente la titularidad. Para los desalojos por falta de pago, la intimación deberá otorgar al menos diez días. También agiliza las notificaciones y amplía las facultades para ejecutar los lanzamientos.[S1]
El texto conserva algunas garantías para personas en situación de vulnerabilidad: el juez deberá dar intervención a los organismos competentes y podrá otorgar hasta diez días para encontrar una solución habitacional transitoria. Además, antes de iniciar una demanda por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar previamente al inquilino.[S1]
